En el contexto actual de México, donde el oficialismo ha mostrado una clara intención de perpetuar la militarización de las tareas de seguridad, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha emergido como el verdadero bastión de la oposición.

Este domingo, los diputados y senadores del PRI, bajo el liderazgo de Alejandro Moreno, han decidido no asistir a la sesión legislativa en la que se declarará la constitucionalidad de la reforma que adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esta postura no solo es coherente con el rechazo que el partido ha manifestado desde el inicio de la discusión, sino que reafirma su compromiso con la defensa de las instituciones civiles y el fortalecimiento de la seguridad desde un enfoque democrático.

La decisión del PRI de no convalidar la militarización es un acto de congruencia y responsabilidad política. En múltiples ocasiones, el partido ha advertido que la reforma no aborda de manera efectiva los problemas de violencia e inseguridad que aquejan al país. A lo largo de los últimos años, se ha evidenciado una grave omisión en el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, organismos que, en un régimen democrático, deberían ser los encargados de garantizar la seguridad pública. Sin embargo, el gobierno actual ha preferido delegar estas tareas a las Fuerzas Armadas, enviando un mensaje preocupante tanto al interior del país como a la comunidad internacional: México no puede mantener la seguridad sin recurrir al control militar.

Este escenario plantea serios riesgos para la democracia mexicana. La militarización de la seguridad pública no solo erosiona las instituciones civiles, sino que también genera una dependencia de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento del orden, lo cual es insostenible a largo plazo. El PRI ha demostrado ser el único partido que ha tenido el valor de señalar estas inconsistencias y de rechazar, con firmeza, cualquier intento de debilitar las estructuras civiles del país.

Mientras el oficialismo sigue adelante con sus reformas, el PRI ha hecho un llamado a la responsabilidad política. El argumento de que el control militar de la seguridad es necesario debido a la debilidad de las instituciones civiles es, en sí mismo, un reconocimiento del fracaso del gobierno para fortalecer dichas instituciones. En lugar de corregir este error, la administración actual ha decidido profundizar la militarización, lo que solo prolonga el ciclo de violencia e inseguridad en el país.

La postura del PRI es clara: se requiere un plan integral que incluya el fortalecimiento de las policías locales y la reactivación de estrategias de seguridad que no dependan exclusivamente del Ejército. El camino no es sencillo, pero es el único que permitirá a México recuperar el control de su seguridad desde un enfoque democrático y civil.

En este sentido, es importante que los ciudadanos reconozcan la labor de la verdadera oposición en México. Mientras otros actores han cedido ante las presiones del poder, el PRI se ha mantenido firme en su convicción de que la militarización no es la solución. Este acto de congruencia y valentía debe ser valorado como lo que es: una defensa de los principios democráticos y del Estado de Derecho.

Hoy más que nunca, es necesario respaldar a quienes, desde la oposición, están dispuestos a alzar la voz por un México más seguro, justo y democrático. El PRI ha dejado claro que, ante la tentación del autoritarismo y la militarización, la solución pasa por fortalecer las instituciones civiles. Este es el verdadero legado que debemos proteger y fomentar en los años venideros.

Es momento de que todos aquellos que creen en la democracia y en un México libre respalden las acciones de quienes, como el PRI, han decidido no doblarse ante las circunstancias, sino luchar por un país donde la seguridad esté en manos de civiles, y no de las armas.