En México, cada vez son más las señales que alertan sobre intentos de controlar la palabra y el pensamiento. Reformas legales que abren la puerta a castigar opiniones, resoluciones que sancionan a periodistas por cuestionar al poder, presiones para que ciudadanos se disculpen públicamente por lo que publican en redes. Ninguno de estos casos, por sí solo, parecería un golpe definitivo a la libertad de expresión. Pero juntos forman un patrón que merece ser señalado.
La libertad de expresión nunca ha sido un regalo. Ha sido una conquista de generaciones que entendieron que, sin voz, no hay patria, y que la fuerza de un pueblo radica en su capacidad para debatir, disentir y exigir. Hoy, ese pilar de la vida democrática muestra señales de desgaste. La pluralidad —esencia de la democracia— corre el riesgo de verse como un problema y no como una fortaleza.
El verdadero peligro no es un hecho aislado, sino una tendencia que avanza poco a poco. La libertad de expresión rara vez se pierde de golpe: se erosiona lentamente, hasta que un día ya no está. En otros países, ese deterioro ha traído como consecuencia la autocensura: ciudadanos que miden sus palabras y medios que moderan su contenido para evitar conflictos. Ese no puede ser el camino de México. Callar por costumbre es una derrota silenciosa, pero definitiva.
La censura más difícil de combatir es la que se disfraza. No siempre llega en forma de prohibiciones abiertas: a veces es un trámite que se retrasa, un permiso que se niega o una interpretación ambigua de la ley. Este veneno silencioso es más peligroso porque avanza sin que muchos lo noten y, a diferencia de las formas burdas, las sutiles se confunden con burocracia o procedimientos legítimos.
Defender la palabra libre no significa estar de acuerdo con todo lo que se dice. Significa garantizar que todos tengan el derecho a decir lo que piensan. Ese derecho es la base para que exista un verdadero debate democrático. Perderlo implicaría aceptar un modelo de sociedad donde el disenso se castiga y la uniformidad se premia. Un país así no avanza; solo aparenta unidad mientras ahoga la diversidad de ideas que lo hace fuerte.
El PRI, con su historia y experiencia, tiene un papel que desempeñar en esta defensa. Desde su origen ha sido constructor de instituciones que sostienen derechos y libertades, y esa experiencia debe ponerse al servicio de garantizar que en México nadie tema expresar su opinión. Pero este compromiso no puede ni debe ser exclusivo de un partido: es una causa nacional que exige la participación de todos. Esa defensa no es solo tarea de las instituciones, también está enraizada en la historia y el espíritu de nuestra gente.
En Campeche, la historia nos recuerda la importancia de proteger lo que somos. El Himno Campechano guarda una estrofa poco mencionada que dice: “Si otra vez en la lucha te hallares, defendiendo tu suelo y tu nombre, en cada hijo tendrás siempre un hombre que derrame su sangre en tu honor”. No es solo un verso; es un juramento que trasciende lo local y abraza a toda la nación. Campeche, tierra de historia y orgullo, atraviesa hoy tiempos en los que su identidad y sus valores enfrentan riesgos que antes parecían impensables.
Las generaciones que nos precedieron lo sabían bien. Vivieron lo que significa tener que luchar por un derecho que hoy muchos dan por sentado. Esa memoria debe transmitirse a quienes hoy son jóvenes y pueden pensar que la libertad de expresión es algo permanente. No lo es. Se mantiene viva únicamente cuando se ejerce y se defiende.
La voz libre es patrimonio de México porque nace del sacrificio de quienes, antes que nosotros, entendieron que sin palabra no hay patria. Hoy es responsabilidad de quienes vivimos en esta tierra mantenerla viva y fuerte, para que el puente entre el pasado que la conquistó y el futuro que la merece nunca se rompa. Cuando un país calla, pierde el derecho de decidir su destino. Defender la palabra es defender a México, y un México que se defiende a sí mismo jamás será vencido. Porque, al final, el silencio es la derrota de la patria.
