Rubén Rocha Moya duró menos de 33 horas de regreso en la gubernatura de Sinaloa. Después de 112 días de licencia volvió al cargo en medio de graves señalamientos desde Estados Unidos y terminó solicitando otra licencia ante la presión política y social. MORENA corrió a deslindarse y Claudia Sheinbaum aseguró que ni siquiera sabía que regresaría.

La historia parece ser la caída de Rocha. No lo es.

Rocha es apenas un nombre. El problema es todo lo que aparece alrededor.

MORENA quiere que México discuta quién autorizó su regreso, por qué volvió, quién le pidió irse y cuánto tiempo alcanzó a permanecer en Palacio de Gobierno. Es una conversación demasiado conveniente para un régimen que lleva años acumulando señalamientos sobre un narcopacto entre los cárteles del crimen organizado y personajes cercanos al poder, respondiendo casi siempre de la misma manera. Niegan, desacreditan, exigen pruebas, prometen investigaciones y esperan a que el siguiente escándalo entierre al anterior.

Con Rocha Moya hicieron exactamente eso durante meses. Cuando llegaron las acusaciones desde Estados Unidos, el régimen exigió pruebas y defendió su presunción de inocencia. Cuando regresó a gobernar, aquella paciencia desapareció en unas horas. De pronto nadie sabía nada, nadie había hablado con él y nadie quería aparecer a su lado.

Incluso Claudia Sheinbaum volvió a interpretar un papel que cada vez resulta más difícil de creer. La Presidenta no estaba enterada. Qué conveniente.

Cuando una crisis explota dentro del gobierno de MORENA, Claudia aparece sorprendida por decisiones tomadas dentro de la estructura política que encabeza. Esta vez quieren hacernos creer que el regreso de un gobernador que llevaba 112 días de licencia, en medio de una crisis que alcanzó a Estados Unidos, ocurrió sin que la Presidenta lo supiera.

Hay dos explicaciones y ambas son graves. O Claudia Sheinbaum conoce más de lo que reconoce públicamente o dentro de MORENA toman decisiones de enorme importancia sin consultarla. O nos miente o no la respetan.

Pero mientras todos miramos las 33 horas de Rocha Moya, hay una conversación mucho mayor que el régimen preferiría evitar.

Si quieren hablar de narcopolítica, hablemos en serio.

Hablemos de todos los nombres que acumulan señalamientos públicos y preguntas sin respuesta. Hablemos de Andy López Beltrán y de todo lo que debe esclarecerse alrededor del huachicol fiscal. Hablemos también de Andrés Manuel López Obrador, Bobby y José Ramón López Beltrán, Marina del Pilar, Alfonso Durazo, Arturo Ávila, Mario Delgado, Adán Augusto López Hernández, Américo Villarreal, Enrique Inzunza, Amílcar Olán, Epigmenio Ibarra y otros personajes de MORENA que, por distintas razones y en circunstancias diferentes, han enfrentado cuestionamientos sobre sus entornos, relaciones o actuaciones. Los casos son distintos, pero las preguntas son demasiadas y algunas particularmente graves. Precisamente por eso requieren investigaciones independientes, respuestas concretas y transparencia.

El problema aparece cuando pretenden convencernos de que todos son casos aislados.

Un gobernador señalado es una excepción. Otro funcionario cuestionado es una coincidencia. Un personaje cercano al poder aparece mencionado y nadie sabía nada. Surge otra investigación y piden esperar. Aparece información desde Estados Unidos y denuncian motivaciones políticas. El expediente se enfría y llega el siguiente nombre.

¿Cuántas coincidencias necesita un régimen para convertirse en patrón?

Esa es la discusión que la caída de Rocha no puede sepultar.

MORENA puede intentar presentar su salida como prueba de que sabe actuar cuando uno de los suyos cruza una línea. Entonces tendrá que explicar por qué lo protegió durante meses y por qué el criterio que ahora parece aplicarse a Rocha no alcanza a todos los demás señalados.

Rocha Moya puede convertirse en el fusible perfecto. Lo separan, concentran sobre él la indignación, escenifican distancia y después pretenden que su salida cierre el expediente. El régimen sacrifica un nombre y conserva intacta la estructura.

Por eso cuesta creer la narrativa de su caída.

Tenemos derecho a conocer qué investigaron realmente, por qué lo defendieron y qué cambió en esas 33 horas. También qué sabía Claudia y desde cuándo. Las mismas respuestas deben exigirse en cada caso que involucre a personajes de MORENA señalados seriamente por vínculos entre la política, la corrupción y los cárteles del crimen organizado.

El verdadero escándalo ya no cabe en Sinaloa ni lleva el nombre de un solo gobernador. México ha acumulado demasiadas preguntas sobre la relación entre MORENA y los cárteles del crimen organizado como para seguir aceptando que todo son episodios aislados y que Claudia Sheinbaum siempre resulta ser la última en enterarse.

Rocha es apenas la piedra que se movió. Lo verdaderamente incómodo para MORENA es todo lo que quedó expuesto debajo.