En 1982, Pablo Escobar llegó al Congreso de Colombia como representante suplente a la Cámara por Antioquia. El narcotraficante más famoso de la historia todavía intentaba presentarse ante la sociedad como empresario, benefactor y político. Buscaba poder, legitimidad y un lugar dentro de las instituciones.

Cuarenta y cuatro años después, México enfrenta una imagen que debería estremecernos.

Enrique Inzunza Cázarez está sentado en el Senado de la República mientras enfrenta una acusación penal formal de fiscales federales de Estados Unidos por conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con ametralladoras y dispositivos destructivos, dentro de un expediente que señala presuntos vínculos entre altos funcionarios de Sinaloa y los cárteles del crimen organizado. Inzunza niega las imputaciones y, jurídicamente, debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia en su contra.

Dicho eso, la dimensión política del caso es brutal.

No hablamos de rumores, filtraciones ni acusaciones lanzadas por la oposición. Hablamos de cargos formulados por autoridades federales de Estados Unidos contra un integrante en funciones del Senado mexicano.

Y ahí está sentado, arropado por MORENA, el partido en el poder. Haciendo leyes. Votando decisiones nacionales. Formando parte de uno de los poderes del Estado mexicano.

La historia de Colombia debería bastarnos para entender por qué esto no puede normalizarse.

Pablo Escobar tampoco llegó al Congreso presentándose como narcotraficante. Llegó haciendo política. Construyó relaciones, buscó legitimidad y encontró una puerta de entrada a las instituciones. Cuando Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla decidieron señalar de frente la penetración del narcotráfico en la política, entendieron algo elemental: frente al crimen organizado, el silencio del poder también tiene consecuencias.

México debería aprender esa lección ahora.

Porque la acusación estadounidense contra Inzunza sostiene algo todavía más grave. Los fiscales lo señalan como un enlace entre un cártel y Rubén Rocha Moya y afirman que habría transmitido comunicaciones relacionadas con el apoyo del grupo criminal a Rocha a cambio de protección de su gobierno. El expediente también sostiene que Inzunza habría ayudado a colocar funcionarios corruptos para proteger las operaciones de los cárteles del crimen organizado.

De comprobarse, no estaríamos únicamente frente a políticos relacionados con criminales. Estaríamos ante algo infinitamente más peligroso: instituciones del Estado puestas al servicio del crimen organizado.

Inzunza fue secretario general de Gobierno de Rocha. Después llegó al Senado bajo las siglas de MORENA. Tras más de cien días alejado del Senado, regresó a ocupar su escaño.

Y también aquí la historia terminará juzgando a quienes decidieron callar y a quienes tuvieron el valor de señalar.

Alejandro Moreno fue el primero en poner en el centro de la discusión pública la existencia de narcopolíticos vinculados a MORENA y llevó sus señalamientos y denuncias ante autoridades nacionales e instancias de Estados Unidos. La respuesta llegó incluso desde el árbitro electoral. En julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar publicaciones de Moreno y del PRI que utilizaban expresiones como “narcopolíticos”, “narcogobierno”, “Cártel de MORENA” y “narcopartido”, al considerar, de manera preliminar, que podían constituir calumnia.

No es un episodio aislado. Durante ocho años, el poder de MORENA ha sostenido una persecución política brutal contra el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, el principal opositor al régimen. Han intentado intimidarlo, perseguirlo y callarlo. No lo han logrado. Y mientras más ha endurecido sus denuncias sobre la penetración del crimen organizado en la política, mayor ha sido la ofensiva en su contra.

La paradoja es brutal.

Mientras en México se intentaba callar a quienes hablaban de “narcopolíticos”, en Estados Unidos ya existía una acusación federal que colocaba a un senador mexicano y a otros altos funcionarios de Sinaloa frente a cargos relacionados con el narcotráfico.

Hoy el problema ya no es la palabra. Es la realidad que obliga a discutirla.

En Sinaloa, Paloma Sánchez también decidió levantar la voz. Una senadora priista sinaloense que ha confrontado a Rubén Rocha Moya y a Enrique Inzunza y que ha defendido a su tierra aun cuando hacerlo significa enfrentarse al poder político de su propio estado.

Colombia recuerda a quienes tuvieron el valor de denunciar la penetración del narcotráfico en la política cuando hacerlo implicaba enormes riesgos.

México también recordará quiénes señalaron de frente a los narcopolíticos que MORENA llevó al poder y quiénes utilizaron ese poder para protegerlos, justificarlos o intentar callar a quienes los denunciaban.

Porque hay una imagen que ningún discurso puede borrar:

México tiene sentado en su Senado a un legislador formalmente acusado por autoridades estadounidenses de delitos relacionados con el narcotráfico.

La historia ya comenzó a escribirse.

Y esta vez nadie podrá decir que no sabía lo que estaba pasando.